El papel del sistema financiero en las organizaciones criminales, el lavado de dinero y el diseño de políticas contra el lavado de dinero: cómo lograr un equilibrio entre la persecución penal y la prevención
Alejandro Werner
Roberto de Michele
Las organizaciones criminales dependen del sistema financiero para movilizar y utilizar sus ganancias ilícitas, encubriéndolas mediante un proceso conocido como “lavado de dinero”. Los fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas primero se mezclan con los ingresos comerciales legítimos y luego se transfieren y estratifican a través del sistema financiero para ocultar su origen.
El marco global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue diseñado originalmente para facilitar la persecución del lavado de dinero y otros delitos conexos, especialmente el narcotráfico. Como resultado, muchos países adoptaron marcos centrados principalmente en las investigaciones penales. Si bien este enfoque sigue siendo importante, se ve dificultado por varios factores, entre ellos delincuentes cada vez más sofisticados que capturan mercados legítimos y, en América Latina y el Caribe (ALC), grandes economías informales y un uso intensivo del efectivo.
Las unidades de inteligencia financiera (UIF) ocupan un lugar central en estos marcos y desempeñan un papel clave a la hora de recopilar, analizar y compartir información sobre actividades sospechosas. Sin embargo, el aumento de las cargas operativas y de los requerimientos de otros organismos ha desviado su atención del análisis estratégico y la retroalimentación al sector privado.
En este documento se sostiene que el modelo tradicional centrado en la persecución penal pasa por alto el valor de un enfoque estratégico y preventivo de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Esta estrategia permitiría “gravar” la actividad delictiva al dificultar y encarecer el uso del sistema financiero por parte de los delincuentes (a través de mejoras en la detección, las sanciones y el diseño del sistema), al tiempo que minimizaría las cargas para los usuarios legítimos. Se propone, entonces, inclinar la balanza a favor de medidas de política preventivas, especialmente el uso de tecnologías digitales para mejorar el cumplimiento y reducir los costos. Estas medidas están destinadas a complementar, no a reemplazar, la persecución penal. En última instancia, en este documento se examina por qué el ALD es importante, cómo ha evolucionado el marco, los desafíos en ALC, los límites del modelo centrado en la persecución penal y las opciones de política para fortalecer la prevención.
El arraigo del crimen organizado en las comunidades locales de América Latina: revisión de la evidencia existente y recomendaciones de política
Elena Butti
Albert Souza Mulli
En este documento de política se examinan los diferentes enfoques que utilizan los grupos del crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC) para integrarse en las comunidades locales. Sobre la base de una revisión sistemática de literatura académica y gris, en el documento de política se argumenta que las tasas de homicidio y otros indicadores de violencia a menudo tienen limitaciones para dar cuenta del grado de arraigo criminal, ya que los grupos del crimen organizado suelen establecer y consolidar relaciones con las comunidades locales (y el Estado) a través de una variedad de diferentes prácticas que responden a las necesidades económicas y de gobernanza de las comunidades.
Para explorar estas dinámicas, el documento de política propone un marco analítico que identifica tres ámbitos de interacción distintos pero con superposiciones entre el crimen organizado y la comunidad: el ámbito regulatorio (incluidas resolución de disputas, regulación moral y justicia informal), el ámbito económico (provisión de empleo, servicios, acceso a mercados informales e ilícitos, y funciones similares a la asistencia social) y el ámbito político-cívico (infiltración en la política local, los procesos electorales y la regulación de la sociedad civil). El análisis muestra que estas prácticas suelen generar formas de legitimidad local y contratos sociales que desdibujan los límites entre la autoridad estatal y la no estatal, la legalidad y la ilegalidad, y la coerción y el consentimiento, y que los grupos del crimen organizado suelen asumir funciones tradicionalmente asociadas con el Estado para ganar legitimidad y hacer cumplir el orden local. Se demuestra además que los grupos criminales pueden hacer esto no solo debido a la ausencia del Estado —como se asume con frecuencia—, sino a menudo a través de la colusión con las instituciones estatales y la cooptación de las mismas.
Sobre la base del análisis, se examina la evidencia disponible sobre intervenciones de política pública empíricamente prometedoras para interrumpir o prevenir la expansión territorial del crimen organizado en los tres ámbitos. La evidencia sugiere que los enfoques tradicionales y securitizados, que buscan interrumpir y "desplazar" al crimen organizado al "traer de vuelta al Estado", a menudo pueden profundizar su arraigo en las comunidades locales e incluso empeorar la violencia. En cambio, el documento concluye que para aumentar la eficacia se requieren enfoques más selectivos y secuenciales, que diferencien entre distintos tipos de grupos criminales y se centren en reducir la dependencia de las comunidades con respecto a ellos.
