El papel del sistema financiero en las organizaciones criminales, el lavado de dinero y el diseño de políticas contra el lavado de dinero: cómo lograr un equilibrio entre la persecución penal y la prevención
Alejandro Werner
Roberto de Michele
Las organizaciones criminales dependen del sistema financiero para movilizar y utilizar sus ganancias ilícitas, encubriéndolas mediante un proceso conocido como “lavado de dinero”. Los fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas primero se mezclan con los ingresos comerciales legítimos y luego se transfieren y estratifican a través del sistema financiero para ocultar su origen.
El marco global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue diseñado originalmente para facilitar la persecución del lavado de dinero y otros delitos conexos, especialmente el narcotráfico. Como resultado, muchos países adoptaron marcos centrados principalmente en las investigaciones penales. Si bien este enfoque sigue siendo importante, se ve dificultado por varios factores, entre ellos delincuentes cada vez más sofisticados que capturan mercados legítimos y, en América Latina y el Caribe (ALC), grandes economías informales y un uso intensivo del efectivo.
Las unidades de inteligencia financiera (UIF) ocupan un lugar central en estos marcos y desempeñan un papel clave a la hora de recopilar, analizar y compartir información sobre actividades sospechosas. Sin embargo, el aumento de las cargas operativas y de los requerimientos de otros organismos ha desviado su atención del análisis estratégico y la retroalimentación al sector privado.
En este documento se sostiene que el modelo tradicional centrado en la persecución penal pasa por alto el valor de un enfoque estratégico y preventivo de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Esta estrategia permitiría “gravar” la actividad delictiva al dificultar y encarecer el uso del sistema financiero por parte de los delincuentes (a través de mejoras en la detección, las sanciones y el diseño del sistema), al tiempo que minimizaría las cargas para los usuarios legítimos. Se propone, entonces, inclinar la balanza a favor de medidas de política preventivas, especialmente el uso de tecnologías digitales para mejorar el cumplimiento y reducir los costos. Estas medidas están destinadas a complementar, no a reemplazar, la persecución penal. En última instancia, en este documento se examina por qué el ALD es importante, cómo ha evolucionado el marco, los desafíos en ALC, los límites del modelo centrado en la persecución penal y las opciones de política para fortalecer la prevención.
Crimen organizado y derechos humanos en América Latina y el Caribe
Hernán Flom
Leslie MacColman
Marcelo Bargman
En América Latina y el Caribe, el crimen organizado priva a millones de personas de libertad, seguridad, dignidad, y hasta de sus vidas. Los Estados contribuyen directa e indirectamente al incumplimiento de estos y otros derechos humanos, mediante la protección de actores delictivos, la desprotección de víctimas y testigos, la vulneración de derechos civiles, y la escasa promoción de derechos económicos y sociales. Este documento ofrece un modelo teórico que sintetiza la interrelación entre el Estado y el crimen organizado, en términos de violaciones de derechos humanos. Muestra la aplicabilidad del modelo mediante un análisis regional de la trata de personas y la extorsión, dos actividades criminales predatorias que sostienen y fortalecen a las estructuras criminales mediante el uso de personas vivas como activos comerciales. El documento sintetiza la evidencia empírica y los consensos emergentes sobre cómo combatir al crimen organizado desde un enfoque de derechos humanos y concluye con una serie de recomendaciones de políticas públicas para los Estados nacionales y otros actores centrales en la protección y promoción de los derechos humanos.
