Este documento plantea que la ineficacia de los sistemas de justicia de América Latina para enfrentar el crimen organizado no obedece primordialmente a la escasez de recursos, sino a una gestión poco estratégica que suele privilegiar respuestas punitivas individuales por sobre el impacto estructural. El diagnóstico identifica una carencia crítica de datos empíricos y señala que las reformas procesales previas han tenido poco éxito tanto en el incremento de la sanción penal por delitos graves como en la desarticulación de redes criminales complejas, limitándose a menudo a judicializaciones por flagrancia de bajo valor estratégico.

 

Ante este panorama, el documento propone cinco ejes de mejora: i) la focalización estratégica de la persecución penal en delitos de alto impacto, ii) el fortalecimiento de la articulación interinstitucional, iii) la implementación de macroinvestigaciones que trasciendan los hechos aislados para comprender patrones y estructuras criminales, iv) la optimización de la cooperación entre jurisdicciones, y v) el diseño de marcos jurídicos robustos para la justicia premial y el sometimiento colectivo de organizaciones criminales. En conjunto, la propuesta aboga por una política criminal estratégica y basada en evidencia, que priorice la disuasión de la violencia, el desafío al Estado y los daños ambientales graves, mediante un uso focalizado, coordinado y transparente de las capacidades represivas del Estado.