El papel del sistema financiero en las organizaciones criminales, el lavado de dinero y el diseño de políticas contra el lavado de dinero: cómo lograr un equilibrio entre la persecución penal y la prevención
Alejandro Werner
Roberto de Michele
Las organizaciones criminales dependen del sistema financiero para movilizar y utilizar sus ganancias ilícitas, encubriéndolas mediante un proceso conocido como “lavado de dinero”. Los fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas primero se mezclan con los ingresos comerciales legítimos y luego se transfieren y estratifican a través del sistema financiero para ocultar su origen.
El marco global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue diseñado originalmente para facilitar la persecución del lavado de dinero y otros delitos conexos, especialmente el narcotráfico. Como resultado, muchos países adoptaron marcos centrados principalmente en las investigaciones penales. Si bien este enfoque sigue siendo importante, se ve dificultado por varios factores, entre ellos delincuentes cada vez más sofisticados que capturan mercados legítimos y, en América Latina y el Caribe (ALC), grandes economías informales y un uso intensivo del efectivo.
Las unidades de inteligencia financiera (UIF) ocupan un lugar central en estos marcos y desempeñan un papel clave a la hora de recopilar, analizar y compartir información sobre actividades sospechosas. Sin embargo, el aumento de las cargas operativas y de los requerimientos de otros organismos ha desviado su atención del análisis estratégico y la retroalimentación al sector privado.
En este documento se sostiene que el modelo tradicional centrado en la persecución penal pasa por alto el valor de un enfoque estratégico y preventivo de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Esta estrategia permitiría “gravar” la actividad delictiva al dificultar y encarecer el uso del sistema financiero por parte de los delincuentes (a través de mejoras en la detección, las sanciones y el diseño del sistema), al tiempo que minimizaría las cargas para los usuarios legítimos. Se propone, entonces, inclinar la balanza a favor de medidas de política preventivas, especialmente el uso de tecnologías digitales para mejorar el cumplimiento y reducir los costos. Estas medidas están destinadas a complementar, no a reemplazar, la persecución penal. En última instancia, en este documento se examina por qué el ALD es importante, cómo ha evolucionado el marco, los desafíos en ALC, los límites del modelo centrado en la persecución penal y las opciones de política para fortalecer la prevención.
El complejo vínculo entre la migración y el crimen organizado en América Latina y el Caribe
Juan Vargas
María Micaela Sviatschi
Nicolás Cabra-Ruiz
En este documento se examina la relación de refuerzo mutuo entre la migración y el crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC). Sostenemos que la movilidad y la gobernanza criminal son parte de un sistema interdependiente en el que el crimen organizado genera desplazamientos mediante la violencia, la extorsión y el control territorial, mientras que los flujos migratorios crean nuevas rutas para que los actores criminales se expandan geográficamente, así como nuevos mercados que explotan para obtener ganancias. Proponemos un marco conceptual novedoso para dar cuenta de este circuito de retroalimentación y analizar la evidencia empírica disponible a través de su perspectiva, lo que nos permite formalizar los mecanismos que vinculan la migración y el crimen organizado y orientar posibles líneas de política pública. Si bien la evidencia sugiere que los migrantes, en su carácter individual, son en gran medida víctimas del crimen organizado, la movilidad a gran escala también puede facilitar la expansión de las organizaciones criminales. Planteamos la hipótesis de que, al reforzar los discursos incompletos que asocian la migración con la inseguridad, estas dinámicas tienden a prevalecer sobre las anteriores en la configuración de las percepciones públicas en la región y a fomentar políticas restrictivas que aumentan la irregularidad y la exposición de los migrantes a la depredación. Demostramos que las campañas de información pueden corregir en forma parcial percepciones aparentemente sesgadas, y que el diseño de las políticas media de manera crucial el nexo entre migración y crimen. Específicamente, los programas de regularización y protección pueden reducir la vulnerabilidad de los migrantes y las ganancias del crimen organizado, mientras que las estrategias de disuasión y exclusión pueden fortalecer los mercados ilícitos. Las conclusiones subrayan la necesidad de respuestas regionales coordinadas que combinen una gestión migratoria basada en los derechos con el fortalecimiento de la capacidad estatal para enfrentar al crimen organizado.
