El papel del sistema financiero en las organizaciones criminales, el lavado de dinero y el diseño de políticas contra el lavado de dinero: cómo lograr un equilibrio entre la persecución penal y la prevención
Alejandro Werner
Roberto de Michele
Las organizaciones criminales dependen del sistema financiero para movilizar y utilizar sus ganancias ilícitas, encubriéndolas mediante un proceso conocido como “lavado de dinero”. Los fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas primero se mezclan con los ingresos comerciales legítimos y luego se transfieren y estratifican a través del sistema financiero para ocultar su origen.
El marco global contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue diseñado originalmente para facilitar la persecución del lavado de dinero y otros delitos conexos, especialmente el narcotráfico. Como resultado, muchos países adoptaron marcos centrados principalmente en las investigaciones penales. Si bien este enfoque sigue siendo importante, se ve dificultado por varios factores, entre ellos delincuentes cada vez más sofisticados que capturan mercados legítimos y, en América Latina y el Caribe (ALC), grandes economías informales y un uso intensivo del efectivo.
Las unidades de inteligencia financiera (UIF) ocupan un lugar central en estos marcos y desempeñan un papel clave a la hora de recopilar, analizar y compartir información sobre actividades sospechosas. Sin embargo, el aumento de las cargas operativas y de los requerimientos de otros organismos ha desviado su atención del análisis estratégico y la retroalimentación al sector privado.
En este documento se sostiene que el modelo tradicional centrado en la persecución penal pasa por alto el valor de un enfoque estratégico y preventivo de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Esta estrategia permitiría “gravar” la actividad delictiva al dificultar y encarecer el uso del sistema financiero por parte de los delincuentes (a través de mejoras en la detección, las sanciones y el diseño del sistema), al tiempo que minimizaría las cargas para los usuarios legítimos. Se propone, entonces, inclinar la balanza a favor de medidas de política preventivas, especialmente el uso de tecnologías digitales para mejorar el cumplimiento y reducir los costos. Estas medidas están destinadas a complementar, no a reemplazar, la persecución penal. En última instancia, en este documento se examina por qué el ALD es importante, cómo ha evolucionado el marco, los desafíos en ALC, los límites del modelo centrado en la persecución penal y las opciones de política para fortalecer la prevención.

¿De escuelas de crimen a centros criminales? Las cárceles y el crimen organizado en América Latina y el Caribe
Ernesto Schargrodsky
Santiago Tobón
En este documento se analiza la situación actual de las cárceles en América Latina y el Caribe. Muchas cárceles de nuestra región han dejado de ser centros de detención neutrales y, en cambio, operan como centros de reclutamiento, nodos financieros y puestos de comando para las principales organizaciones criminales de la región. Sobre la base de datos comparativos, estudios de caso y trabajos académicos previos, se han documentado cuatro mecanismos que convierten a las cárceles superpobladas y débilmente supervisadas en “centros criminales”: el reclutamiento de nuevos miembros, la extracción de ingresos ilícitos, la coordinación de violencia y alianzas, y la imposición de disciplina interna. Luego se explica por qué estas dinámicas erosionan las tres justificaciones clásicas del encarcelamiento. La incapacitación falla cuando los jefes dirigen redes de extorsión y tráfico desde sus celdas; la disuasión falla cuando el tiempo en prisión es un hito esperado en la carrera de una pandilla, y la resocialización falla cuando la supervivencia tras las rejas depende de unirse a un grupo criminal. Por último, se esboza un programa de políticas que reserva el encarcelamiento para los verdaderos criminales de alto riesgo; sustituye la detención por el monitoreo electrónico y otras sanciones comunitarias para casos de bajo riesgo; invierte en instalaciones mejor administradas que ofrecen condiciones de vida dignas; acelera los juicios para reducir la prisión preventiva; ofrece oportunidades de resocialización basadas en evidencias, como programas cognitivo-conductuales, vocacionales y educativos, y corta las comunicaciones ilícitas mediante una estricta supervisión del personal y el uso de la tecnología. Implementadas en conjunto, estas medidas pueden debilitar el control del crimen organizado sobre los sistemas penitenciarios y restaurar el papel de las cárceles en la seguridad pública.

