En este documento de política se examina la magnitud y la naturaleza del crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC), destacando su carácter singularmente violento. Proponemos una métrica novedosa: el exceso de violencia letal, que subraya cómo la región se destaca a nivel mundial en términos de violencia criminal. El crimen organizado en ALC socava significativamente el crecimiento, la productividad y la movilidad social, reforzando las trampas de la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, argumentamos que, aunque la erradicación del crimen organizado es poco probable —del mismo modo que los países desarrollados conviven con estructuras mafiosas arraigadas—, los países que ya lidian con el crimen organizado consolidado, así como aquellos donde las redes criminales todavía no se han enraizado plenamente, aún tienen una ventana de oportunidad para contener sus efectos más perjudiciales. En este documento se exponen cuatro prioridades políticas que son críticas para la región: a) la reforma penitenciaria para enfrentar su naturaleza criminogénica; b) la mejora de la formación y la coordinación dentro de las fuerzas policiales, y entre las distintas agencias de seguridad y cumplimiento de la ley; c) el fortalecimiento de la eficacia del sistema judicial, reduciendo la impunidad y definiendo prioridades estratégicas, y d) la coordinación y colaboración internacionales. Asimismo, enfatizamos el valor de los esfuerzos de investigación emergentes que combinan datos detallados con un profundo conocimiento contextual de la dinámica local de ALC, con el fin de orientar soluciones de política pública más eficaces y accionables.